La Democracia Contemporánea es también conocida como Democracia Constitucional, que se funda en una constitución con un contenido particular y substancial, garantizando el derecho de los ciudadanos a desafiar a quienes detentan al poder, apelando al apoyo del pueblo.
De igual manera restringe la hegemonía de las mayorías electorales y sus representantes, con el propósito de defender los derechos y preferencias del individuo, minorías, leyes y procedimientos fundamentales de las democracias como tales.
La consolidación de la democracia es un proceso complejo y difícil. Todas las democracias en mayor o menor grado, están sufriendo dificultades de consolidación o regeneración de la consolidación de las instituciones democráticas.
Los cambios vertiginosos que han ocurrido, como los estructurales en la economía, avances tecnológicos y transformaciones en la sociedad, como pobreza y desigualdad, se agudizan a medida que la política pierde su rol hereditario de cima jerárquica y debe entrar en acuerdos colectivos dotados de poder y sentido propio para, de ese modo, acceder a estrategias de solución de problemáticas complejas.
Esto contribuye a un clima de crisis. En todo el mundo, tanto a nivel de participación y representación, como a nivel de toma de decisiones hay una crisis de legitimidad democrática. Esta crisis a su vez, es más aguda en aquellos países donde el sistema democrático se establece por primera vez, a diferencia de los países con largas trayectorias democráticas.
En América Latina hay que resaltar la importante diferenciación política entre los países relativamente exitosos, frente a los países con enormes dificultades. Entre los primeros se encuentran Chile, Uruguay y costa Rica. Y entre los últimos Venezuela, Argentina, Paraguay y Ecuador.
La crisis de la democracia contemporánea, tiene dos dimensiones importantes; por un lado la crisis de la participación democrática, y por el otro la crisis de la responsabilidad gubernamental.
La Crisis de la Participación Democrática, se relaciona al complejo problema de la traducción de la voluntad de la ciudadanía al seno de la toma de decisiones de la sociedad, como ejerce el pueblo su soberanía.
La Crisis de la responsabilidad Gubernamental, se refiere a que la gestión de un gobierno depende la posición ideológica, su compromiso y su capacidad de liderazgo. En las democracias hay gobiernos tanto buenos como malos, dependiendo del punto de vista del observador y de los resultados de su gestión. Si la ciudadanía no aprueba un gobierno, tiene el derecho de reemplazarlo por otro.
La democracia es un sistema de gobierno, no un gobierno como tal. Es decir, el sistema democrático elabora políticas públicas de una u otra índole. Esto les compete a los gobiernos elegidos en democracia.
Por otra parte, es importante añadir que la inseguridad ciudadana y los retos del terrorismo, narcotráfico y otras expresiones de la criminalidad globalizada, contribuyen a la crisis de la democracia, además de agregar otros desafíos a la estabilidad de las instituciones y al bienestar nacional.
Estos son problemas estructurales y de contexto que podían desatenderse durante el proceso a la transición de la democracia. Entre ellos tenemos:
Ø
Ø
Ø
Ø Las Funciones de los Partidos Políticos que los identifican con la corrupción
Ø Los Medios de Comunicación que promueven y aprovechan los cambios para manipular la mentalidad colectiva
Ø
Ø El Nuevo Populismo que en prácticamente en nada ha cambiado o aumentado el desarrollo social
Ø La Ética Política que refiere a los valores y opiniones otorgadas a las instituciones
Ø
A manera de conclusión, podemos decir que estos desafíos que enfrenta la democracia representativa contemporánea hoy por hoy, impiden su desarrollo y adecuación en el progreso, así como en el manejo del poder.
Por esta razón, los gobiernos actuales se ven tan vulnerables, pues, su desempeño y ética política son juzgados por los ciudadanos, quienes insisten en obtener diferencias entre unos y otros gobernante en el manejo del poder, y son estos los que legitimizan la democracia.
Ahora bien, como solución a estos cambios y transformaciones, se crearon los Fondos Sociales como instrumento de gestión de la política social en América Latina.
Los Fondos Sociales son organizaciones que canalizan recursos hacia proyectos, la mayoría de pequeña escala, destinados a grupos pobres y vulnerables susceptibles de ser elegidos. Abarca varios programas elaborados para jugar al mismo tiempo un papeldistributivo para amortiguar el impacto de la pobreza y un papelreductor del riesgo, para proteger a individuos, familias y comunidades contra el peligro de la pérdida inesperada de unos ingresos precarios.
Fueron propuestos a los gobiernos nacionales por los organismos multilaterales para la ejecución de políticas sociales compensatorias en el marco del nuevo enfoque neoliberal e instrumentados por la anuencia de ambos.
Estos fondos sociales imponían como orientaciones programáticas: la focalización, la descentralización, la participación de la sociedad civil en la ejecución y evaluación de programas y proyectos, y sobre todo, perseguía garantizar procesos de gobernabilidad de la región.
Vale la pena destacar que los fondos fueron creados para modificar los patrones de mediación política y social de la región. Como es sabido, los mecanismos de negociación de los Estados latinoamericanos estaban basados en un sofisticado sistema clientelar de base nacional-popular, con actores beligerantes de la política nacional que mitigaban la conflictividad social.
Al profundizar la crisis económica y política de América Latina, se fue desquebrajando la base social de los acuerdos del sistema clientelar, dando lugar a una creciente conflictividad social. Por consiguiente, los fondos tenían entre sus objetivos garantizar procesos de gobernabilidad en los países de la región.
Pero a comienzo de los ochenta, la crisis económica no permitía crear programas por el estilo y la capacidad de negociación y resolución de conflictos de los Estados había disminuido considerablemente. Esto se agravaba en los países con un nivel de conflictividad político muy alto y con movimientos armados de oposición que ponían en peligro la gobernabilidad. Los casos de Guatemala, Perú, Bolivia, El Salvador, fueron emblemáticos desde este punto de vista, ya que en estos países los fondos tuvieron un éxito relativo, tal como lo reflejan los indicadores sociales.
Para algunos de los creadores de la figura de los fondos, existen dos conjuntos de argumentos en la primera etapa (1985-1990), que provocaron la aparición de los fondos sociales como estrategia focalizada para reducir la pobreza:
Como argumentos de la crisis tenemos:
Ø La crisis de los años ochenta, trajo como consecuencia de la disminución de los presupuestos de los sectores sociales. So mismo obligó a pensar sobre la orientación del gasto público social, declinando las políticas públicas universales y favoreciendo a los sectores más vulnerables.
Ø Esta misma crisis incrementa las demandas sociales aumentando la inflación de expectativas de la población, creando como consecuencia que el nivel de demandas insatisfechas aumentara en amplios sectores de la población.
Y como argumentos permanentes tenemos:
Ø Mejora el diseño de los programas: permite mayor precisión en la identificación del problema y de la población que lo sufre.
Ø Aumento de la eficacia de un programa: pocos recursos asignados de acuerdo con criterios que permitan cumplir objetivos.
En este contexto se constituyeron los fondos sociales como instituciones dependientes del ejecutivo, con relativa autonomía en la ejecución de los programas sociales, lo que les permitía obviar los obstáculos de mediación política de los partidos y de la burocracia estatal.
En la segunda etapa (1990-1996), los fondos comienzan a verse a si mismos como una modalidad “exitosa” de gestión pública de combate contra la pobreza, por lo que comienzan a sistematizar sus experiencias. Incluso la Organización Internacional de Trabajo (OIT) declara que los fondos han dejado de ser ente transitorio del ajuste, para convertirse en un instrumento de desarrollo de las naciones de la región.
“No hay duda que los Fondos de Inversión social en América Latina han ido acompañado el cambio de simpes políticas de ajuste macro económico a una conceptualización de desarrollo humano integrado para enfrentar la pobreza y mejorar condiciones de vida de los grupos de menores ingresos” (Pisani, 1996, 284)
Con esto se abre una etapa de maduración y fortalecimiento de estos organismos en el marco de la formulación y ejecución de las políticas sociales.
Por otra parte, Gustavo Rayo Urrutia, encarado de cooperación internacional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), Chile, describe un “conjunto de elementos comunes de los fondos de inversión social en América Latina” (rayo, 1996:8), de las cuales destacan:
1. La incorporación masiva de las ONGs.
2. La focalización territorial.
3. La desconcentración de las distintas etapas del proceso de inversión.
Vale la pena destacar que hacer estas características comunes de los fondos es el resultado del interés de los organismos multilaterales en la creación de líneas de intervención.
Así queda claro el interés de estas entidades de intervenir de una manera categórica sobre la formulación de políticas públicas de los Estados y de los componentes de su ejecución.
Por otra parte, se hace necesario la búsqueda de política y programas ambiciosos con el objeto de enfrentar las estrechas relaciones entre las dimensiones mencionadas. Lo que está detrás de todo esto es una discusión teórica y practica acerca de la política social, sus alcances y limitaciones, los modelos de asignación y distribución de recursos que la orientan y los principios éticos y políticos que las fundamentan. Así como el proyecto ético – político que la impulsan.
El planteamiento central debe ser el desarrollo social universal, que atienda la diversidad de situaciones, centrado en las comunidades locales que puedan generar procesos económicos, políticos y sociales productivos que asienten en prácticas estabilizadas de sentido.
Es dispensable establecer estrategias por la acción estatal, con un acento en la innovación desde abajo a través de iniciativas sociales, que expandan las libertades civiles y permitan profundizar la democracia y participación de la sociedad.
Ello requiere una amplia e innovadora propuesta de regionalización que impulse las fuerzas productivas locales. Para facilitar este componente de la política social deben crearse o potenciarse los espacios de participación de las comunidades en la definición conjunta de los planes de acción.
En consecuencia, es necesario destinar recursos para realizar programas ambiciosos de capacitación para la población, suministrar mejores oportunidades de comercialización y difusión a las PYMES y promover formas de capacitación y financiamiento en zonas rurales.
